El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, hizo un llamado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, a que se presentaron ante la justicia y enfrentaron el proceso legal.
Durante una conferencia, Rubin señaló que lo más conveniente ante este tipo de acusación es comparar voluntariamente ante las cortes para aclarar la situación jurídica.
El representante empresarial subrayó que los señalados deben acudir a tribunales estadounidenses para definir su situación legal, ya sea declarándose culpables o inocentes.
“Siempre es nuestro creer que ante este tipo de señalamientos y acusación lo mejor es dar la cara y estar frente a las cortes para comprobar la inocencia”, expresó.
Además, agregó que algunos de los implicados ya se han entregado, por lo que demostró importante que el resto haga lo mismo para reducir tensiones en torno al caso.
Rubin destacó que las personas señaladas no son culpables hasta que una corte lo determine, y que el sistema judicial estadounidense garantiza un proceso con equidad.
Explicó que los casos son evaluados por tribunales integrados por ciudadanos, quienes analizan las pruebas presentadas conforme a la ley.
El presidente de la American Society of Mexico indicó que los vínculos entre actores políticos y el crimen organizado no son un fenómeno reciente, sino que han sido señalados desde hace décadas.
“No es noticia nueva el que diferentes actores están involucrados… eso siempre ha sido preocupante”, afirmó.
Rubin descartó que estos casos afectan la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, y enfatizó la importancia de mantener una estrategia conjunta.
Señaló que ambos países deben trabajar para evitar que personas vinculadas al crimen organizado queden impunes, especialmente en delitos relacionados con el narcotráfico.
El posicionamiento de empresarios estadounidenses ocurre en un contexto de señalamientos hacia funcionarios mexicanos, en el que se insiste en que los implicados enfrenten los procesos judiciales correspondientes, bajo el principio de presunción de inocencia y cooperación bilateral en materia de seguridad.
