Una fosa clandestina fue localizada en el rancho Santa Rosalía, municipio de Álamo, en Veracruz, donde el 24 de julio autoridades hallaron el cuerpo de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández.
La docente de 62 años, quien había sido reportada como desaparecida días antes, fue asesinada tras negarse a pagar una extorsión impuesta por un grupo armado que opera en la región norte de la entidad.
De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Universal y Diario de Xalapa, en el lugar fue identificada la presencia de entre cuatro y seis cuerpos sepultados de manera ilegal. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información precisa sobre la cifra definitiva de víctimas ni sobre la identidad de los demás restos.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha realizado diversas diligencias en dicho rancho, ubicado entre el municipio de Cerro Azul y la comunidad de Tepetzintlilla. Según investigaciones, autoridades confirmaron que los restos hallados presentan avanzado estado de descomposición.
Irma Hernández fue privada de la libertad el 18 de julio cuando laboraba como taxista. Durante ese mismo día, familiares y amigos organizaron una movilización en un intento por rescatarla. Horas después de la desaparición, circuló en redes sociales un video en el que se ve a la docente sometida, arrodillada, atada de manos y rodeada por hombres armados.
Bajo amenaza, la obligaron a leer un mensaje donde advertía a otros taxistas de la región sobre el pago de cuotas al crimen organizado, señalando que de negarse sufrirían represalias.
El cadáver de Irma Hernández fue hallado una semana después en la comunidad de Tepetzintlilla, perteneciente al municipio de Álamo, hecho que generó conmoción en la sociedad veracruzana y a nivel nacional. Autopsias preliminares y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado confirmaron que la maestra fue víctima de agresiones, tortura y violencia antes de su muerte, aunque autoridades descartaron que fueran estas las causas de su muerte, refiriendo a un infarto.
El caso está siendo investigado como secuestro agravado, y hasta el momento cuatro personas permanecen bajo proceso, según informó la Fiscalía de Veracruz. Las autoridades no han descartado la participación de más implicados y se mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de las otras víctimas halladas en la fosa.
Organizaciones civiles y gremios docentes han solicitado al gobierno estatal y federal el reforzamiento de la seguridad en el norte de Veracruz, especialmente para los trabajadores del transporte público que han denunciado actos de extorsión por parte de grupos delictivos.
La fiscalía mantiene el sitio bajo resguardo, mientras equipos forenses y de investigación continúan los trabajos para recuperar los restos y recabar evidencias en el caso que ha puesto de relieve la precariedad en la seguridad de la región y el incremento de delitos de alto impacto.
Según los medios citados, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional colaboran en las labores de resguardo del área, en tanto se esclarecen los hechos y se avanza procedimientos judiciales contra los presuntos responsables.
