El mercado ilícito de tabaco y vapeadores, controlado por siete cárteles, genera ganancias anuales de entre 15 y 20 mil millones de pesos, que se suman a los ingresos que obtienen por extorsión, de acuerdo con el estudio Humo, vapeo y poder: El nuevo negocio del crimen organizado.
En el informe, presentado ayer por la organización Defensorxs, se establece que las autoridades no cuentan con metodologías claras para combatir esas actividades ilegales, una de ellas, el uso de vapeadores, prohibida constitucionalmente.
En la penumbra de la industria formal del tabaco florece un mercado paralelo que sirve de caja mediana para el crimen organizado. Según los cálculos realizados por este informe, el mercado ilícito de tabaco vale entre 15 y 20 mil millones de pesos al año.
Un monto que no pasa por las tesorerías nacionales ni por los registros estatales, engrasa los engranajes de organizaciones criminales que descubrieron que el cigarro de contrabando ofrece dinero, poder y control”, se indica en el estudio.
Presentaron el informe, el presidente de la organización Defensorxs, Miguel Meza; Roberto Peña, director del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, y Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa.
En la investigación, realizada por Roberto Balmen, se explicó que las siete organizaciones criminales involucradas en el tráfico de tabaco y vapeadores son los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, del Golfo, del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito.
La prohibición del vapeo impulsa actividades criminales. Debido a la política prohibicionista, en lugar de regular, el vapeador se ha convertido en un producto más del crimen organizado.
Con su comercialización, grupos criminales obtienen una ‘caja chica’, que les financia armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que son usados para cometer otros delitos”, se detalla en la investigación.
Tenemos una política de seguridad que no combate de manera estratégica al crimen organizado, una política de seguridad que está hiperfocalizando sus esfuerzos en los narcóticos tradicionales, pero desprotege otros mercados ilícitos que están proliferando.
Una política de seguridad que es nacional, generalizada, que no atiende realidades diversas, lo largo de 20 años hemos tenido estos fallos que, ciertamente se exacerbaron en el último sexenio, y los recibió, por herencia, la presidenta Claudia Sheinbaum”, explicó Vargas, de México Evalúa.
